Los ocho de Airbus
- Artículo de Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO de Catalunya
Este es un juicio político, que
evidencia la deriva autoritaria del gobierno. Pretende criminalizar la
respuesta social, tanto la laboral como ciudadana, como ya ocurrió la
semana pasada en un juicio contra 5 sindicalistas de la Rioja, los que
la Fiscalía también pide cárcel por haber impulsado la huelga general
29S, 2010, Huelga general contra la
reforma laboral que abarata el despido y contra el recorte de pensiones,
impuestos por el gobierno. La huelga tiene un seguimiento amplio,
masivo, todo.
En la empresa Airbus, en Getafe, a primera hora de la mañana, con toda normalidad, los trabajadores se concentran en la entrada de la fábrica para evidenciar públicamente su apoyo y participación en la convocatoria de huelga. La presencia de un importante contingente de policía antidisturbios a las puertas de la fábrica crea un clima de tensión. El comportamiento de la policía, en vez de favorecer el normal desarrollo de la huelga, provoca varios incidentes y llegan a utilizar las armas de fuego y disparan varios tiros al aire. A raíz de los incidentes varios trabajadores fueron denunciados y la Fiscalía, una vez cerrada la Instrucción Judicial, acusa a 8 sindicalistas. Entre ellos, el Presidente del Comité Interempresas, máximo responsable sindical en la empresa, que intentó impedir los incidentes que se estaban produciendo, dirigiéndose a los responsables policiales para pedir una solución pacífica. Otros dos sindicalistas son acusados ¿¿al acompañar al Presidente del Comité interempresas en su declaración ante el juez instructor. Otros han sido acusados ¿¿consecuencia de ser atendidos por los servicios médicos de la empresa de las heridas causadas por la violenta carga policial. El juzgado de instrucción inicia el juicio oral con una acusación del Ministerio Fiscal a 8 sindicalistas y la demanda de 8 años y tres meses de prisión para cada uno, además de 31.059 '52 € de fianza, sin que se haya determinado la responsabilidad y participación individual de cada uno de los acusados. En la instrucción judicial en ningún momento se ha investigado la actuación de la policía y se han rechazado testigos y pruebas exculpatorias. Hasta aquí los hechos.
Este es un juicio político, que evidencia la deriva autoritaria del gobierno. Pretende criminalizar la respuesta social, tanto la laboral como ciudadana, como ya ocurrió la semana pasada en un juicio contra 5 sindicalistas de la Rioja, los que la Fiscalía también pide cárcel por haber impulsado la huelga general. La decisión de la fiscalía es preconstitucional y antidemocrática y persigue castigar a los representantes sindicales y generar un clima de miedo que evite la protesta y la movilización. Por eso se criminaliza el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical La instrucción del Ministerio Fiscal es claramente política, ya que no identifica las conductas individuales, ni se soporta en pruebas materiales, sino que se acusa de manera colectiva, generando así una clara indefensión jurídica contraria al Estado de Derecho.
El derecho de huelga tiene reconocimiento constitucional y, por tanto, su ejercicio debe estar protegido. La acción de los trabajadores, concentrados a las puertas de la empresa en apoyo a la huelga, no es ningún comportamiento delictivo que justifique la fuerte presencia policial ni la intimidación a los huelguistas. La obligación de la policía es defender el ejercicio del derecho democrático de huelga o de manifestación. Ni las prácticas de represión policial ni las peticiones de la fiscalía, son hechos aislados. El 29S el 29M y el 14N así como muchas de las protestas sociales y laborales que estamos viviendo, se están saldando con numerosas detenciones y aún hay muchos procesos abiertos y demandas fiscales exageradas y preconstitucionales.
Estamos asistiendo a un grave recorte de garantías democráticas de la ciudadanía en la que hay una línea continua que nos lleva de las políticas de austeridad a los recortes de derechos laborales y sociales y en la limitación de los derechos civiles y las libertades democráticas. Desmantelar el Estado del Bienestar y desmantelar la democracia se inscriben en la misma lógica política e ideológica. Hay que hacer frente a la ofensiva antisocial y los ataques a la democracia, hay que responder al intento de silenciar la protesta y la movilización social. Es necesario impulsar, con organización y movilización, un proyecto social en el que la libertad y la solidaridad conformen la conciencia colectiva que impulse los cambios sociales en un sentido de progreso e igualdad social.
En la empresa Airbus, en Getafe, a primera hora de la mañana, con toda normalidad, los trabajadores se concentran en la entrada de la fábrica para evidenciar públicamente su apoyo y participación en la convocatoria de huelga. La presencia de un importante contingente de policía antidisturbios a las puertas de la fábrica crea un clima de tensión. El comportamiento de la policía, en vez de favorecer el normal desarrollo de la huelga, provoca varios incidentes y llegan a utilizar las armas de fuego y disparan varios tiros al aire. A raíz de los incidentes varios trabajadores fueron denunciados y la Fiscalía, una vez cerrada la Instrucción Judicial, acusa a 8 sindicalistas. Entre ellos, el Presidente del Comité Interempresas, máximo responsable sindical en la empresa, que intentó impedir los incidentes que se estaban produciendo, dirigiéndose a los responsables policiales para pedir una solución pacífica. Otros dos sindicalistas son acusados ¿¿al acompañar al Presidente del Comité interempresas en su declaración ante el juez instructor. Otros han sido acusados ¿¿consecuencia de ser atendidos por los servicios médicos de la empresa de las heridas causadas por la violenta carga policial. El juzgado de instrucción inicia el juicio oral con una acusación del Ministerio Fiscal a 8 sindicalistas y la demanda de 8 años y tres meses de prisión para cada uno, además de 31.059 '52 € de fianza, sin que se haya determinado la responsabilidad y participación individual de cada uno de los acusados. En la instrucción judicial en ningún momento se ha investigado la actuación de la policía y se han rechazado testigos y pruebas exculpatorias. Hasta aquí los hechos.
Este es un juicio político, que evidencia la deriva autoritaria del gobierno. Pretende criminalizar la respuesta social, tanto la laboral como ciudadana, como ya ocurrió la semana pasada en un juicio contra 5 sindicalistas de la Rioja, los que la Fiscalía también pide cárcel por haber impulsado la huelga general. La decisión de la fiscalía es preconstitucional y antidemocrática y persigue castigar a los representantes sindicales y generar un clima de miedo que evite la protesta y la movilización. Por eso se criminaliza el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical La instrucción del Ministerio Fiscal es claramente política, ya que no identifica las conductas individuales, ni se soporta en pruebas materiales, sino que se acusa de manera colectiva, generando así una clara indefensión jurídica contraria al Estado de Derecho.
El derecho de huelga tiene reconocimiento constitucional y, por tanto, su ejercicio debe estar protegido. La acción de los trabajadores, concentrados a las puertas de la empresa en apoyo a la huelga, no es ningún comportamiento delictivo que justifique la fuerte presencia policial ni la intimidación a los huelguistas. La obligación de la policía es defender el ejercicio del derecho democrático de huelga o de manifestación. Ni las prácticas de represión policial ni las peticiones de la fiscalía, son hechos aislados. El 29S el 29M y el 14N así como muchas de las protestas sociales y laborales que estamos viviendo, se están saldando con numerosas detenciones y aún hay muchos procesos abiertos y demandas fiscales exageradas y preconstitucionales.
Estamos asistiendo a un grave recorte de garantías democráticas de la ciudadanía en la que hay una línea continua que nos lleva de las políticas de austeridad a los recortes de derechos laborales y sociales y en la limitación de los derechos civiles y las libertades democráticas. Desmantelar el Estado del Bienestar y desmantelar la democracia se inscriben en la misma lógica política e ideológica. Hay que hacer frente a la ofensiva antisocial y los ataques a la democracia, hay que responder al intento de silenciar la protesta y la movilización social. Es necesario impulsar, con organización y movilización, un proyecto social en el que la libertad y la solidaridad conformen la conciencia colectiva que impulse los cambios sociales en un sentido de progreso e igualdad social.
